La “burbuja” inmobiliaria iba acompañada de fuertes
llamadas de alerta, al principio. Luego, de alarma. Oídos sordos: las
autoridades españolas repetían hasta la saciedad que todo iba viento en popa y
que el mejor botón de muestra era que “España construía más viviendas que toda
la Unión Europea”.
Recuerdo en 2001 las declaraciones del entonces
Primer Ministro, adalid del neoliberalismo y la privatización, así como las
entusiastas referencias al “motor inmobiliario” de los mismos que hoy nos
llevan por la senda de la más austera austeridad y exprimen al máximo a los
ciudadanos, al tiempo que tapan inverosímiles “agujeros bancarios” sin que se
depuren responsabilidades a los más directamente implicados en los
desaguisados.
Tampoco el Gobierno elegido en 2004 supo o pudo
reducir la “burbuja” a pesar de los presagios y múltiples advertencias.
La ONU acaba de subrayar “el daño social que han
causado las hipotecas” (“El País, 20 de octubre de 2012): “La sujeción del
mercado inmobiliario a la lógica financiera ha agravado las desigualdades en el
acceso a la vivienda, la seguridad social y ha aumentado el número de personas
sin hogar”.
El informe presentado por la Relatora Especial del Derecho a la Vivienda, Raquel
Rolnik, se muestra muy duro con el mercado y las políticas de vivienda en
España (burbuja de precios, facilidades para la adquisición de viviendas
sobretasadas que han conducido a la enorme deuda acumulada y el drama de las
ejecuciones hipotecarias (350 mil desde 2007, con 159 desalojos diarios)).
Entre 1997 y 2004 los precios se incrementaron un 150%. Las entidades bancarias
consiguieron “productos hipotecarios” especialmente dirigidos a prestatarios con
bajos ingresos.
Es urgente que se tomen ahora mismo las medidas
correspondientes sobre lo sucedido para que “cada palo aguante su vela”… y,
sobre todo, para que no se repita algo parecido en el futuro.